Andrea E. García, politóloga y Mateo Crossa Niell, latinoamericanista. Consultoría sobre precariedad laboral para Oxfam México

20 de abril del 2020.- En México hay alrededor de 3 millones de personas que se emplean en la Industria Maquiladora de Exportación, de acuerdo con datos de INEGI. Un gran ejército de personas formado fundamentalmente por mujeres que trabajan prolongadas e intensas jornadas, en condiciones altamente precarias y con salarios que muchas veces no alcanzan para pagar el costo de la canasta básica de alimentos y sostener a la familia. La maquila es una industria que genera ganancias millonarias, a la cual ni siquiera la emergencia sanitaria por COVID-19 ha logrado parar por completo, exponiendo la vida de quienes emplea y haciendo caso omiso a las estrategias oficiales de contención epidemiológica.

A las actividades altamente industrializadas, se suman las de una inmensa población de personas que laboran en talleres clandestinos, que no integran las bases de datos gubernamentales por formar parte del sector informal, a pesar de que suministran bienes manufacturados a grandes centros comerciales y a pequeños negocios del comercio ambulante. A diferencia de otros sectores industriales, las pequeñas empresas maquiladoras se encuentran dispersas en diferentes partes del territorio nacional, buscando alcanzar las regiones más pobres con el fin de ahorrar en costos laborales y pagar menores salarios.

Desde la península de Yucatán hasta la frontera norte, es posible encontrar grandes plantas industriales, así como pequeños talleres domiciliarios, en ciudades y en zonas rurales, dedicados a la producción para la exportación o para el consumo de las grandes metrópolis del país. Estas unidades de producción son controladas por marcas globales conocidas que se benefician y acumulan enormes ganancias con el desgaste prematuro de la vida productiva de las obreras.

La pandemia de COVID-19 significa para muchas empresas la oportunidad de elevar ganancias, la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE) para la región Puebla-Tlaxcala indicó que al menos 50 talleres migraron de la producción de ropa a la de cubrebocas por el incremento de la demanda de mascarillas. Lo mismo han anunciado empresas maquiladoras en la frontera norte, quienes ahora producen mascarillas y respiradores para exportar a Estados Unidos sin importarles las necesidades sanitarias en México. ¿A qué costo siguen operando estas industrias?

Diariamente, decenas de miles de mujeres de la industria maquiladora desempeñan sus labores bajo condiciones precarias donde predomina la inestabilidad e inseguridad laboral, los contratos temporales, las largas jornadas de trabajo, el acoso laboral y sexual, así como los bajos salarios; todos elementos de violencia laboral que terminan por dañar profundamente su integridad física y mental.

Y por si esta realidad no fuera lo suficientemente dura, ahora están arriesgando la vida mientras mantienen en funcionamiento las líneas de producción. De los 16 decesos por COVID-19 en el estado de Chihuahua, 13 corresponden a personas que trabajaban en una misma maquiladora en Ciudad Juárez, subsidiaria de una multinacional que confecciona asientos para automóviles, sector que no dejó de operar cuando los gobiernos estatal y federal decretaron la cuarentena para evitar el incremento de contagios del coronavirus.

Hay empresas maquiladoras que no son parte de los sectores esenciales y aun así siguen trabajando de manera normal, convirtiéndose en focos latentes de infección, arriesgando la salud de las trabajadoras y generando un costo altísimo para toda la población mexicana.

Pese al anuncio de López Gatell el pasado 15 de abril, cuando afirmó que “los estados de la zona norte van a ser los más afectados por la epidemia” porque las empresas maquiladoras no han tomado medidas extraordinarias; las autoridades siguen manteniendo una posición omisa ante el problema sanitario al no asegurar que se respetan los derechos laborales de la población trabajadora para que pueda resguardarse en casa con un salario íntegro. Si esto último no se garantiza, el cierre de plantas sólo lanzará a la calle a miles más de trabajadoras que se sumarán a las que ya se encuentran desempleadas.

Hoy vivimos los efectos de una política gubernamental histórica que durante años fomentó el sindicalismo corporativo y de protección patronal con el fin de evitar la libre asociación de la población trabajadora, razón por la cual es posible detectar redes de complicidad en todo el país que incentivan el predominio de sindicatos que velan por el interés privado de las corporaciones y no por la necesidad común de las trabajadoras.

En medio de la emergencia sanitaria, este modelo de sindicalismo ha llevado a pactar acuerdos de reducciones salariales de hasta el 50%, afectando gravemente los de por sí bajos ingresos de las trabajadoras. Las personas que laboran en empresas que ya suspendieron labores, en su mayoría, se van a casa con un salario inferior al mínimo legal establecido.

Serán estas grandes corporaciones y la omisión del gobierno, las mayores responsables de la expansión del COVID-19 entre la población trabajadora de las maquilas si no permiten que las trabajadoras se resguarden, garantizándoles un salario íntegro y digno durante el periodo de cuarentena.

Crédito de las fotografías: Andrea E.García, 2019.