La propuesta en construcción de la iniciativa de Ley General de Aguas, conocida como “Ley Pichardo”, fortalece y amplía el sistema de concesiones. Si se aprobara como ha sido planteada por el diputado priista José Ignacio Pichardo Lechuga, permitiría que pocas empresas o personas acaparen el agua.

Antecedentes

La reforma constitucional al Artículo 4o en 2012, reconoció el derecho humano al agua y saneamiento, y contempló la elaboración de una nueva Ley General de Aguas que garantice el acceso y uso equitativo y sustentable del agua, a través de la participación de la ciudadanía en colaboración con los tres niveles de gobierno.

En 2015, el gobierno de Enrique Peña Nieto hizo un primer intento por reformar la Ley General de Aguas con una propuesta conocida como “Ley Korenfeld”, que fracasó gracias a la movilización de la sociedad civil. Esta iniciativa de ley priorizaba la comercialización y privatización del agua por encima de su condición como derecho humano.

Actualmente se desarrolla un ​proceso de cinco etapas​ en la Cámara de Diputados, a través del cual, se está construyendo un proyecto de iniciativa de Ley General de Aguas. El borrador de este proyecto fue promovido por José Ignacio Pichardo Lechuga, diputado federal del PRI y presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento. De ahí que la propuesta haya sido llamada “Ley Pichardo”.

La construcción de la iniciativa se encuentra en la tercera etapa denominada “Sistema de colaboración y consulta para el desarrollo del articulado”.

Riesgo de que unos pocos acaparen el agua de México

La propuesta en construcción de la Ley Pichardo fortalece y amplía el sistema de concesiones, que son títulos que otorga el Ejecutivo Federal para la explotación, uso

o aprovechamiento de aguas nacionales; y que han llevado a la sobreexplotación, contaminación y concentración del agua en manos de unas cuantas personas y empresas.

El borrador establece que los titulares de las concesiones pueden:

•  Vender o rentar volúmenes concesionados de agua

• Renovar su concesión ilimitadamente

• Heredar su concesión

• Mantener la concesión sin utilizarla pagando una cuota de garantía, lo que permitiría que personas o empresas adquieran concesiones, no para usarlas, sino para negociar con ellas.

  Además, no define límites en cuanto a la adquisición de concesiones, por lo que una sola persona o empresa podría concentrar, comprar, rentar o adquirir la cantidad de concesiones que quiera.

  Riesgo de autorregulación y falta de rendición de cuentas

  La propuesta en construcción de la Ley Pichardo no sólo permitiría que empresas o grupos de poder acaparen el agua, sino además plantea que sean los concesionarios privados, empresas y usuarios quienes informen a la autoridad los volúmenes de agua extraídos y las sustancias vertidas a los cuerpos de agua, y no la autoridad, quien exija esta información. Es decir, permite la autorregulación, con el riesgo de sobreexplotación y contaminación de los acuíferos, que esto implica, al no existir controles ni límites.

  Por otro lado, la propuesta no obliga a los concesionarios a someterse a auditorías ni evaluaciones para verificar el cumplimiento de la normatividad, el uso eficiente del agua y la adecuada gestión; sólo promueve la “participación voluntaria” en estos procesos.

  Riesgo de exclusión de grupos vulnerables y desigualdad en el acceso al agua

  Con la concentración y privatización en la titularidad de las concesiones, la propuesta podría favorecer proyectos extractivos como la minería a gran escala, la generación de energía eléctrica y otras actividades que requieren grandes cantidades de agua y son altamente contaminantes.

  Y por otro lado, despojaría a los pueblos y comunidades de sus derechos fundamentales, como el derecho a la consulta previa, libre e informada, y el acceso preferente a los bienes comunes naturales.

El borrador no refiere cómo se le dará uso preferente del agua a los grupos vulnerables, ni tampoco establece criterios para otorgar subsidios a las personas menos favorecidas, los pueblos y las comunidades indígenas.

No reconoce la gestión comunitaria del agua, ni contempla incentivos para las comunidades que siembran y cosechan agua favoreciendo el cuidado de los ríos, acuíferos y manantiales. Y no tiene perspectiva de género, es decir, no contempla las dificultades diferenciadas que hay en el acceso al agua entre hombres y mujeres.

Por otro lado, la propuesta en construcción de la Ley Pichardo se apega a Normas Oficiales Mexicanas (NOM) pero no a los más altos estándares internacionales para el cumplimiento del derecho humano al agua y saneamiento.

Además, la identificación de conflictos (ambientales, sociales, agrícolas, etc) queda abierto a interpretación y no se establecen mecanismos para garantizar que se resuelvan de manera congruente.

La propuesta en construcción de la Ley Pichardo no garantiza, en este momento, el acceso equitativo al agua, al contrario, favorece el acaparamiento del agua por parte de empresas o personas, y despoja a los pueblos indígenas y a los grupos vulnerables.

Finalmente, el proceso de consulta para la construcción de la ley no es participativo e incluyente de las personas que se encuentran en condiciones de desigualdad en el acceso al agua, quienes por sus condiciones socio económicas y políticas no tienen oportunidad de levantar la voz para hacer llegar sus necesidades y propuestas.

Hoy 22 de marzo, en el marco del Día Mundial del Agua, desde de Oxfam México contribuimos a informar a la ciudadanía sobre el proceso de construcción de la nueva Ley General de Aguas y los riesgos que implica el borrador propuesto.

Exigimos a los legisladores y legisladoras que garanticen la participación de grupos vulnerables en la construcción de la nueva Ley General de Aguas y que pongan límites a las concesiones para evitar el acaparamiento y contaminación del agua.

Defendamos el derecho humano al agua y saneamiento. Promovamos un acceso equitativo para todas las personas​.