Miles de mujeres y hombres que defienden los derechos humanos en Latinoamérica, son víctimas de la violencia y la represión que busca sistemáticamente eliminar su legítima, incansable y estimable labor en la construcción de sociedades más justas e igualitarias.

Oxfam ve con profunda preocupación la agudización de la violencia y represión contra las personas defensoras en los últimos años. Considera que esta situación se relaciona con un modelo económico que fomenta la desigualdad extrema e impacta negativamente en los derechos fundamentales de las poblaciones, pero a la vez se relaciona con la cooptación de la institucionalidad estatal por parte de grupos de poder y la poca atención de los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de respetar, proteger y promover los derechos humanos.

Prueba de esta realidad son hechos como el asesinato de Berta Cáceres, quien lideró la resistencia del pueblo indígena Lenca a la construcción de la represa de Agua Zarca. También la crisis financiera recientemente superada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) – órgano principal del Sistema Interamericano para la observancia y defensa de los derechos humanos- y Corte Interamericana, que refleja la poca voluntad de los Estados para fortalecer los instrumentos locales e internacionales en esta materia.

Varios factores inciden en el incremento de la violencia contra las personas defensoras, en este documento Oxfam quiere llamar la atención sobre tres factores relevantes para comprender las dimensiones y naturaleza de esta agudización de la violencia contra defensoras y defensores en el continente: (1) la particular agresión que causa sobre las mujeres defensoras por la prevalencia de la cultura patriarcal (2) la vinculación entre la expansión de los proyectos y actividades extractivas y el incremento de violaciones de derechos humanos en estos territorios, y (3) la cooptación de las instituciones estatales en favor del poder fáctico, que se ejerce al margen de los cauces formales (es decir, que no coincide necesariamente con el aparato del Estado) y se sirve de su autoridad informal o su capacidad de presión por su fortaleza económica, política o de poder por la relación con el crimen, para neutralizar la función primordial del Estado como garante de los derechos de toda la población.

En este sentido, el presente documento llama a los Estados, al sector privado y a la sociedad civil a reflexionar y actuar de manera efectiva contra este incremento de violencia y represión. Para ello, es primordial resaltar la labor de las personas defensoras, en su impulso por una sociedad más a organización Global Witness indica que al menos 185 personas defensoras de derechos humanos1 fueron asesinadas en el año 2015 en el