Desde nuestra perspectiva, la lucha contra la pobreza es también y sobre todo una lucha por la redistribución del poder, por mejores democracias y por el rescate del carácter público de las instituciones del Estado. El Estado, para ser un bien público, debe ser un Estado de Derecho y un Estado de Justicia, es decir, garantizar que las diferencias se resuelvan con criterios de beneficio común y garantizar igualdad de condiciones a través de la educación, la salud y de la distribución de la riqueza. En suma, debe ser un Estado efectivo.