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Oxfam impulsa el debate sobre la consulta indígena

Roberto Stefani

Coordinador del proyecto de Pueblos Indígenas

Hoy 9 de agosto, día dedicado a los Derechos de los Pueblos Indígenas, es fundamental recordar que, a pesar de que México ha ratificado el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional deI Trabajo (OIT), dichos derechos siguen siendo vulnerados.

La consulta previa, libre e informada es un derecho humano y una herramienta de participación democrática y reducción de la brecha de desigualdad para que los pueblos y comunidades indígenas decidan sobre leyes, programas, proyectos y otras medidas que afectan sus territorios y sus vidas.

Sin embargo, las experiencias de aplicación de este proceso democrático en México no cumplen con las características fundamentales de la consulta indígena: libre, previa, informada, culturalmente adecuada, tener como objetivo el consentimiento y ser llevada a cabo de buena fe.

En particular, el requisito de “previa” es tal vez el más vulnerado, ya que normalmente cuando se realiza una consulta, el Estado ya ha otorgado algún tipo de concesión o permiso a una empresa (sin consultarlo antes con las comunidades potencialmente afectadas).


Sobre esta situación, se pronunció en 2015 el entonces Relator de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, quien declaró que “los pueblos indígenas tienen derecho a la participación en distintas fases del objeto de la consulta y no sólo en la forma de implementación de un proyecto aceptado y preferido por la empresa o el Estado”.

En los países de América Latina que no cuentan con una legislación secundaria en tema de consulta, el sector empresarial está empujando la aprobación de una Ley de Consulta que pueda garantizar “seguridad jurídica” y “un marco regulatorio claro” para las inversiones. En México, tras la presentación por parte de la CNDH de una recomendación a favor de la aprobación de una Ley de Consulta, también se ha incrementado la presión política y mediática, y existe un riesgo real de que se apruebe una Ley de Consulta sin un debate participativo previo.

En México ya existe un protocolo de consulta que elaboró la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en 2013.

Mientras una eventual Ley de Consulta sería muy rígida y podría no responder adecuadamente a las necesidades particulares de los pueblos indígenas, la ventaja principal del protocolo actual es su adaptabilidad. Considerando que el derecho a la consulta ya está protegido a nivel constitucional, a través del Convenio 169.

Oxfam México, en colaboración con el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, respalda y acompaña desde 2015 el proceso de consulta que las comunidades zapotecas de la Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa Del Agua (COPUDA) llevan a cabo en los Valles Centrales de Oaxaca para defender su derecho al agua.

Hemos contribuido a la redacción del protocolo de consulta que se está usando allí y trabajaremos para que este proceso se consolide como una experiencia exitosa.

De la misma forma, seguiremos impulsando el debate y un diálogo amplio sobre el tema del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado (CPLI) con nuestros aliados nacionales y regionales. Como parte de estas acciones, realizaremos un Foro Internacional sobre Leyes y Mecanismos de Consulta los días 12 y 13 de octubre en la Ciudad de México.

(1)Observaciones del Profesor S. James Anaya sobre la consulta en el contexto del proyecto Energía Eólica del sur en Juchitán de Zaragoza,  http://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2015/03/Juchitan-observaciones-A...  (Última visita: 27/04/15)


Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad del autor o autora y no necesariamente reflejan la postura oficial de Oxfam México


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